El Banc Popular decideix el seu incert futur amb un panorama de possibles demandes judicials a l'horitzó

El següent article està escrit en castellà: El Banco Popular busca la forma de salir de la tormenta financiera en la que se encuentra inmerso y que se ha recrudecido estos últimos días. Ni las tres ampliaciones de capital realizadas en los últimos cinco años, por valor de 5.450 millones de euros, ni el cambio en la Presidencia, ahora asumida por Emilio Saracho, que ya intervino en la Junta de Accionistas celebrada hace unos días, han logrado generar el clima de confianz... El següent article està escrit en castellà: El Banco Popular busca la forma de salir de la tormenta financiera en la que se encuentra inmerso y que se ha recrudecido estos últimos días. Ni las tres ampliaciones de capital realizadas en los últimos cinco años, por valor de 5.450 millones de euros, ni el cambio en la Presidencia, ahora asumida por Emilio Saracho, que ya intervino en la Junta de Accionistas celebrada hace unos días, han logrado generar el clima de confianza que necesita la entidad para volver a ampliar capital y salir adelante. Por su parte, los accionistas ya han perdido el 88 por ciento de la inversión que realizaron. Es muy posible que se avecinen demandas judiciales. Un panorama que tal y como está nuestra justicia supondría invertir tiempo de un año en primera instancia y hasta cuatro años si hubiera que acudir al Tribunal Supremo. Mientras tanto se dispara la rumorología y ya ha habido voces que han pedido que intervenga la CNMV y la Fiscalía Anticorrupción para aclarar la situación actual de la entidad financiera. Jordi Ruiz de Villa, socio de JAUSAS, experto en derecho financiero, no cree que estemos ante un nuevo caso Bankia. “A mi juicio existen diferencias notables. Bankia era un banco de reciente creación. No tenía histórico mientras que el Banco Popular, sí. En Bankia las pérdidas de la reformulación eran de más de 3.000 millones de euros y las necesidades de capital 29.000 millones” añade. “Bankia se había anunciado como un banco con el máximo ratio de cobertura sobre riesgos dudosos y una gran solvencia, mientras que el Popular no, aunque ya venía avisando de dificultades continuadas y había numerosos rumores en el mercado al respecto, y la acción venía deteriorándose”, cuenta. Para este experto “ las diferencias entre uno y otro caso hacen que las consecuencias jurídicas no sean las mismas. A efectos jurídicos lo relevante no son las pérdidas de 4.800 millones de euros sino que parte de la reformulación es anterior a los estados financieros que sirvieron de base para adoptar la decisión de acudir a la ampliación de capital”. Ruiz de Villa señala que “hay 4 partidas de las que una se refiere a asistencia financiera, esto es: préstamos para asistir a la ampliación que por tanto no son hechos anteriores a la misma. Las otras 3 que ser refieren a 428 millones de euros y otras dos de 123,160 millones y 145 millones, respectivamente son reformulaciones sobre las cuentas aprobadas por el consejo relativas al ejercicio 2016 si bien el propio Banco Popular ha indicado que proviene de hechos anteriores al ejercicio 2016. Ello significa que, de haberse conocido por los inversores que acudieron a la ampliación de capital, podrían haber decidido no acudir.” A su juicio, “la clave de esta valoración jurídica dependerá de si se considera que es una afectación sustancial o no. Contablemente puede no serlo (o así lo indican los auditores pero la valoración contable depende de criterios técnicos (de materialidad de los ajustes determinados por los propios auditores) que no son vinculantes para los jueces”. Consiguientemente para este experto “es de prever un aluvión de demandas judiciales alegando la doctrina del TS en el caso Bankia. Esto a su vez constituye una debilidad que presionará a la baja el valor del Banco Popular en caso de compra o nueva ampliación. Si aparecen nuevos datos el tema puede acabar estallando y entonces si sería un caso Bankia”. Desde su perspectiva , en el escenario solo han dos caminos,” la ampliación de capital del propio Banco Popular o una compra a un tercero. Sobre los derechos de inversores y pequeños inversores ante esta situación solo queda la via de la demanda judicial”. En los últimos días se hizo público que algunos bufetes de EEUU como Pomerantz Law Firm, Rosen Law Firm y Khang & Khang podrían estar estudiando el asunto y preparando demandas colectivas contra la entidad bancaria española. Mejor plantear demandas individuales Sobre las citadas demandas, nuestro interlocutor señala que “En la práctica las demandas deberían ser caso por caso, puesto que aunque el Tribunal Supremo ha admitido las demandas colectivas en el caso Bankinter que llevo nuestro despacho con el de Fernando Zunzunegui, los tribunales ponen muchos problemas en la tramitación de demandas agrupadas, incluso cuando se trata de asociaciones de consumidores como es Ausbanc”. La razón para Ruiz de Villa “es que no está claro que en las acciones de error en el consentimiento se puedan agrupar demandas. Hay que tener en cuenta que en este tipo de demandas hay que acreditar que se ha sufrido engaño y que cada inversor no podría haberse dado cuenta atendiendo a sus circunstancias personales. Por esta razón los jueces consideran que la razón última de la petición radica en cualidades personales de cada inversor, y, por tanto, al no ser iguales en todos los casos, no se pueden acumular”. Sobre los tiempos de estas acciones judiciales señala que “la duración de las acciones es de 1 año en primera instancia y 9 meses a 1 año en segunda. El acceso al Tribunal Supremo está muy limitado salvo pérdidas superiores a 600.000 euros. En caso de recurso tarda 1,5 años en admitir a trámite y 1 año más la sentencia”, destaca nuestro interlocutor”. En el actual contexto “ veo imposible una negociación. Disminuiría el valor de la acción y podría generar por tanto acciones de responsabilidad”, indica. Respecto a si debería intervenir la CNMV y otras autoridades, Ruiz de Villa señala que “creo que la suspensión de la cotización no es procedente porque los hechos son conocidos y por tanto el mercado colocara la acción en el lugar que le corresponda. Una intervención de la fiscalía me parece poco probable a la vista de lo sucedido en el caso Bankia”. Accionistas minoritarios Por su parte, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) intervino este Lunes Santo, junto a otros grupos de accionistas minoritarios, en la Junta General de Accionistas de Banco Popular. Preocupada por la situación de la entidad financiera cree que sería necesaria una investigación por parte de la CNMV y Fiscalía para aclarar dónde estamos. AEMEC requirió en esa Junta al presidente la adopción de dos medidas urgentes: El inicio, por el propio Consejo, de un estudio de las actuaciones de sus consejeros y de la comisión de nombramientos y retribuciones dentro del proceso sucesorio del anterior Presidente y, otra segunda, el requerimiento a la CNMV para que investigue sobre los hechos denunciados en México relativos a una presunta manipulación del valor de la acción de la entidad. Ante las graves noticias publicadas de una filtración de información confidencial que haya podido dar lugar a una presunta manipulación de la acción del Banco, en beneficio de intereses particulares de un determinado grupo inversor, y en graves perjuicios para los accionistas, la Asociación considera unos hechos graves que deben ser investigados por la CNMV y la Fiscalía, con el fin de que, de ser ciertos, no queden impunes, y los accionistas del Banco puedan reclamar los daños sufridos. Igualmente, los accionistas minoritarios reivindicaron en la Junta una explicación respecto al propósito final que esconde el impreciso anuncio de “ajuste de cuentas” del pasado 3 de abril, manifestando algunos accionistas la contribución que este impreciso anuncio ha ocasionado a la destrucción del valor de la acción. AEMEC sostuvo, además, su preocupación respecto a la retribución del Consejo, requiriendo explicaciones al presidente en cuanto a la modificación estatutaria relativa a las políticas de retribución del Banco para acomodarlas a la remuneración fijada para Emilio Saracho. Desde esta entidad se considera que se ha cometido muchas irregularidades en perjuicios de los accionistas, la Asociación está representando a un grupo de accionistas del Banco Popular que ha anunciado que, si el Banco no toma acción en la investigación de lo que llaman allá “trama mexicana”, podría acudir a la CNMV y a la Fiscalía anticorrupción. Como puede apreciarse los próximos días van a ser claves para el futuro de una entidad histórica como el Banco Popular, muy centrado en banco de particulares y de pequeñas y medianas empresas desde su fundación en 1926. Desde el propio Gobierno ya se ha hablado de la necesidad de buscar una solución privada a este asunto, lo que parece descartar que el Estado socorra a la entidad bancaria con dinero público. Las soluciones se encuentran en otra ampliación de capital o una venta del banco a un tercero.