El següent article està escrit en castellà: Las reclamaciones judiciales de los accionistas del Banco Popular pueden terminar dirigiéndose directamente contra Santander gracias a una vía inesperada: la figura jurídica llamada "enriquecimiento injusto" o "sin causa". Esta opción interesaría, sobre todo, a los grandes inversores que han perdido todo su dinero en la resolución del banco, ya que la vía de las demandas por falsedad de las cuentas en la venta de acciones del año...
El següent article està escrit en castellà: Las reclamaciones judiciales de los accionistas del Banco Popular pueden terminar dirigiéndose directamente contra Santander gracias a una vía inesperada: la figura jurídica llamada "enriquecimiento injusto" o "sin causa". Esta opción interesaría, sobre todo, a los grandes inversores que han perdido todo su dinero en la resolución del banco, ya que la vía de las demandas por falsedad de las cuentas en la venta de acciones del año pasado se aplica, en principio, solo a los minoristas.
Los despachos que están preparando estas demandas, como Jausas, consideran que esta vía tiene más probabilidades de éxito que ir contra los responsables de la resolución del banco, a la sazón, el BCE, el FROB, la Comisión Europea o la propia Junta Única de Resolución (JUR), además de que cuenta ya con respaldo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Como informó El Confidencial, la "demanda fácil" es la de los pequeños inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2016, que cuenta con el precedente de la sentencia del Supremo sobre la OPV de Bankia -en la que establecía que unas cuentas reformuladas son falsas-, la "reexpresión" de los resultados del pasado ejercicio realizada por Emilio Saracho y el incumplimiento de las previsiones que hizo Ángel Ron cuando lanzó esta operación. De hecho, Santander se plantea ya compensar a estos afectadospara ahorrarse las costas (los honorarios de los abogados), para lo que ha dotado provisiones de sobra.
Sin embargo, quienes compraron antes de la citada ampliación y los inversores institucionales lo tienen mucho más complicado, porque esta doctrina se aplica solo a los pequeños, empujando asi a los grandes a buscar otras vías como intentar demostrar que la falsedad contable viene de más atrás (por ejemplo, desde la ampliación de 2012), algo bastante complicado; ir contra los responsable de la resolución del banco; demandar a Saracho por administración desleal; o acudir a la vía penal y enfrentarse a un largo proceso.
Por el momento, la familia Luksic, que controlaba el 3,45% de Popular, ha anunciado este martes que presentará un recurso de primera instancia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la decisión de la JUR de resolver el banco, al interpretar que la medida aplicada fue desproporcionada y de carácter nulo. El grupo chileno, que está asesorado por el despacho Roca Junyent, ya presentó un recurso contencioso-administrativo contra el FROB ante la Audiencia Nacional el pasado 21 de junio por el mismo motivo.