Representa a estos inversores cualificados, unos 300, el despacho Jausas. El socio que les representa, Jordi Ruiz de Villa, explica que va a ir por la vía del enriquecimiento ilícito, y que también va a presentar un recurso frente a la JUR en las próximas semanas.
Estos 100 millones están repartidos entre accionistas y bonistas que lo perdieron todo en la resolución del pasado 6 de junio. Las aseguradoras quedan fuera de la solución ofrecida por Banco Santander y muchos clientes de banca privada sufrirían una quitaen caso de aceptarla: del 25% si tenían entre 100.000 y 500.000 euros invertidos; del 50% entre 500.000 y un millón; y del 100% a partir de esa cantidad.
Desde Jausas explican que han dado un tiempo a Santander para negociar, y en caso de que no haya movimientos, reclamarán a mediados de septiembre. En el caso del recurso contra la JUR, ven recorrido porque no se haya hecho público el informe de valoración de Deloitte (que tenía una tasación positiva, como adelantó este medio). "Cuando hay una expropiación hay que explicar con documentos por qué es mejor para el interés público, y en este caso se está ocultando", señala Ruiz de Villa.
Otras demandas
Estos más de 100 millones suponen una de las mayores demandas anunciadas por Popular, aunque las comparaciones son complejas porque cada bufete da cifras no homogéneas -unos cuentan la inversión perdida desde el día antes de la resolución y otros en momentos previos-; y porque cada despacho está optando por vías legales distintas: penal, civil y/o administrativa.
Dejando estos matices de lado, la mayor demanda colectiva anunciada hasta el momento es la que lidera Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, con al menos 180 millones de 12.000 accionistas, según Expansión. Les representa Rafael Moreno, de Moreno Olivares.
En un nivel similar se mueve también la reclamación en la que trabaja Cremades & Calvo Sotelo, que representa a accionistas con un 3-3,5%; y la OCU, con más de 10.000 clientes, pero que no desglosa el dinero reclamado. Su abogado, Eliseo Martínez, lidera la primera querella contra los antiguos gestores del Popular en la Audiencia Nacional.
Más allá de las demandas de inversores particulares, hay grandes reclamaciones en marcha de antiguos accionistas y fondos. La de mayor envergadura es la del consorcio formado por Pimco (que va a dar guerra judicial, como adelantó este medio) junto a Anchorage, Algebris y Ronit, que tenían 850 millones en bonos de Popular. Están representados por el despacho norteamericano Quinn Emanuel.
También han anunciado que van dar guerra judicial los mexicanos Del Valle, que han perdido 550 millones en Popular y reclaman de la mano de Ontier; la Sindicatura, que ha contratado a CMS Albiñana y perdió 133 millones; y la familia chilena Luksic, que se dejó 113 millones y se asesora a través de Roca Junyent.
Desde Jausas hacen hincapié en que los plazos de prescripción son cortos para reclamar el dinero (con las acciones más convenientes en este caso), con un tope de un año para demandar.