La imagen de la banca española se ha ido desvaneciendo aceleradamente en los últimos años. Las entidades financieras, con afán de maximizar beneficios, han llevado a cabo prácticas más allá de la actividad que les es propia, vendiendo productos opacos a sus clientes, faltando a su obligación de información, transparencia y lealtad con sus clientes. Son muchos los bancos que también han cometido excesos en el ámbito de su actuación al buscar y conceder a sus clientes préstamos sin tomar en consideración la solvencia económica o la capacidad de reembolso del deudor.
En este sentido, parece irrefutable que algunos bancos han incurrido en una grave falta de diligencia, que fundamentalmente, ha venido motivada por la falta de transparencia y el exceso de arbitrariedad en la relaciones económicas existentes entre el banco y su cliente, quien con frecuencia ha sido sagazmente persuadido a la realización de operaciones financieras que, lejos de favorecerle, eran susceptibles de ocasionarle un grave perjuicio en su economía, tanto empresarial, como familiar y personal. Paralela y paradójicamente, el cliente, mediante sus propios ingresos o de sus familiares, ha tenido que ir respondiendo inmerecidamente del ‘mal hacer' de su entidad bancaria.
No obstante, de la mencionada falta de diligencia debería tener responsabilidad social la propia banca en la medida en que, con desmedido afán de hacer negocio, ha priorizado sus propios intereses en detrimento de los ciudadanos, creando profundas fisuras en la economía de miles de familias y empresas españolas.
Ahora pretende salir del embrollo creado y de la presión social que recibe por su actuar quedando indemne de su mala praxis mediante la cesión de carteras de créditos fallidos. Esto deja a sus clientes en manos de unos fondos de inversión de dudoso actuar, que buscan en el problema de los demás su propio beneficio y que son quienes deberán asumir las funciones de recuperación de la deuda.
El vendaval de la crisis económica ha arreciado con fuerza agudizando el problema y dejando los balances de la banca española con un exceso de préstamos e hipotecas impagados. Estos activos tóxicos se han configurado como un foco de inversión por parte de los fondos buitre, quienes mediante la compra de créditos con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles o sin ella, a entidades bancarias, con grandes descuentos sobre su valor, han encontrado una oportunidad de negocio en tiempos de crisis.
Pero debemos decir que, si estos créditos son litigiosos, el deudor tiene una ayuda en nuestro Derecho. Si el banco no le dejó solventar su problema con un acuerdo que le hubiera ayudado a poder asumir la deuda, ahora podrá saldarla abonando al nuevo acreedor un importe inferior al que inicialmente debía pero igual al pagado por el fondo de inversión, más las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que el crédito litigioso fue satisfecho. Todo ello gracias al derecho de retracto que postula el Código Civil español para la cesión de créditos litigiosos. No obstante, para que este beneficio que la Ley concede al deudor pueda tener operatividad, es requisito indispensable que nos encontremos ante un crédito litigioso. Es decir, que deudor y acreedor estén enfrentados en los juzgados por el crédito en cuestión, con oposición formulada por el deudor. El segundo de los requisitos es hacerlo en el plazo adecuado, que la ley fija en unos escasos nueve días naturales desde que el nuevo acreedor reclama la deuda.
El banco, como entidad financiera que tiene su negocio en sus clientes, debe también pensar en el bien de ellos y ayudarlos. Sus clientes le han confiado su dinero, le han pagado intereses y comisiones, lo que le ha hecho crecer y enriquecerse. Pero lamentablemente algunos bancos, lejos de pretender ayudar a sus clientes, cuando hay problemas los olvidan y prefieren pactar con un tercero que busca oportunidades en la desgracia ajena, en vez de buscar soluciones con quien ha sido su fiel cliente. ¿Qué más podemos esperar de los bancos?