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El Informe de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia sobre la Financiación Pública de Medicamentos carece de cualquier validez jurídica, no es vinculante y podría ser una excusa política para negar la financiación de determinados tratamientos ‘caros’ que, hasta ahora, se estaban ofreciendo a los pacientes. Este es el sentir general de los integrantes de la mesa de debate sobre el alcance jurídico de este informe ministerial, organizada por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa). (…)
Héctor Jausás, socio de Fieldfisher JAUSAS, es también de esta opinión añadiendo que considera que es “beligerante con la industria y con el paciente, al tiempo que plantea a los profesionales médicos un conflicto ético”. Jausás está convencido de que el mencionado informe es relativamente débil, artificial, forzado y “posiblemente ilegal”, y considera que podría existir la posibilidad de poner un recurso contencioso administrativo contra el propio informe que va por la vía de hecho. (…)