Compliance' penal o cómo el Estado puede disolver una empresa farmacéutica

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2015, por la que las entidades pueden sufrir penas directas, ha convertido el 'compliance' penal en un asunto especialmente importante para las compañías farmacéuticas, puesto que su ruptura, en casos extremos, puede conducir a que el Estado pueda disolver a un laboratorio. “Antes,  ante delitos como por ejemplo el cohecho por soborno de un funcionario o un médico, la compañía solo tenía que pagar un... La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2015, por la que las entidades pueden sufrir penas directas, ha convertido el 'compliance' penal en un asunto especialmente importante para las compañías farmacéuticas, puesto que su ruptura, en casos extremos, puede conducir a que el Estado pueda disolver a un laboratorio. “Antes,  ante delitos como por ejemplo el cohecho por soborno de un funcionario o un médico, la compañía solo tenía que pagar una indemnización como responsable subsidiraria y el que tenía la pena era el director de la compañía y el ejecutor de la acción”, explica Héctor Jausás, socio del bufete Jausás Legal, quien advierte de que “la cosa ha cambiado. Con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas pueden percibir penas directamente, siendo la más grave de todas ellas la disolución”. Reconoce que esto puede pasar en el sector farmacéutico, “pero solo en el peor de los casos”, indica Jausás. Jordi Roca, abogado especializado en Derecho Penal y 'Compliance' y asociado de Jausás, precisa que “la disolución es la pena de muerte para la persona jurídica. Se introduce para las situaciones más graves y de reincidencia”. Sin embargo, los castigos más habituales son las multas, la intervención judicial, la suspensión de actividades, la clausura de establecimientos o locales, y la prohibición temporal de actividades. Por ello es tan importante el 'compliance' penal y su preservación. Jausás aclara que “no es una ley, sino una serie de mecanismos destinados a que desde el primero al último de los empleados cumplan los requerimientos éticos y legales que resulten aplicables”. Su puesta en marcha “sirve para eximir de responsabilidad si un empleado o un director general comete un delito”.