El cierre de la restauración dispara el número de afectados por ERTE
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Un aumento importante de trabajadores afectados que llegaría cuando aún no se han resuelto muchas de las incidencias de los ERTE abiertos durante el estado de alarma. Así ha ocurrido y en solo cuatro días 1.556 empresas han presentado un expediente ante el Departament de Treball, incluyendo a 13.698 empleados, explicó ayer el conseller del ramo, Chakir el Homrani.
Los afectados podrían ser muchos más porque por ahora la Generalitat solo dispone de los datos referentes a nuevos expedientes. Las empresas que ya tenían un ERTE activo han podido incluir a más trabajadores en él, y esa información solo la tiene de momento la Seguridad Social.
La mayoría de expedientes registrados por el Govern (862) son de «impedimento», una nueva modalidad aprobada por el Consejo de Ministros a finales de septiembre prevista para los casos en los que se suspenda de forma temporal la actividad de un sector. El cierre de la restauración se incluiría en esta tipología, con exoneraciones del 100% de la cuota de la Seguridad Social para empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% para compañías más grandes.
Otros 660 expedientes presentados desde el día 16 de octubre son por fuerza mayor, y el resto por causas económicas, organizativas y de producción, dijo El Homrani tras la presentación de un acuerdo con Barcelona Activa. La gran mayoría de expedientes se han presentado en Barcelona. Además de las ayudas para los trabajadores afectados, el otro gran caballo de batalla de la restauración, los centros de estética y el comercio, que tiene limitado el aforo a un 30%, ha sido el pago de los alquileres.
La legislación que aprobó el Gobierno tras la declaración del estado de alarma no ha resuelto el problema de los arrendamientos, que cada empresa ha tenido que renegociar de forma individual y que ha provocado decenas de demandas. En el caso de la restauración, pocos empresarios han logrado llegar a un pacto. Los últimos datos del Gremi de Restauració de Barcelona señalan que solo un 27% de los establecimientos ha acordado algún tipo de rebaja del precio del alquiler con su casero.
En el comercio la situación es algo mejor. Según datos de Pimec, solo el 18% de los negocios tiene como principal preocupación el pago del alquiler, mientras que el 78% de las empresas asociadas a Comertia han logrado una reducción.
Los más reticentes a la hora de pactar una rebaja son los propietarios de locales de zonas prime y algunos centros comerciales propiedad de grupos extranjeros, explican los gremios y asociaciones. Uno de los grandes tenedores que sí han acordado exoneraciones con comercios y restaurantes es Merlín, propietario del centro comercial Arenas en Barcelona o Vilamarina en Viladecans. La norma aprobada ayer por el Govern cambia las reglas del juego en caso de que la negociación se complique.
No todas las negociaciones entre empresas y propietarios de locales y centros comerciales han llegado a buen puerto. Tras la declaración del estado de alarma, más de 400 compañías con tiendas en centros comerciales se han asociado en una plataforma de afectados por la Covid-19 (PAC) para exigir por la vía judicial una rebaja del alquiler acorde a las nuevas circunstancias. Estos afectados consideran que la medida anunciada ayer por la Generalitat «no es suficiente». «El sector de los arrendatarios está satisfecho por el esfuerzo de la Generalitat, pero no renuncia a seguir reclamando una reducción con mayor alcance para acomodar los alquileres a las ventas», afirma el abogado que los representa, Jordi Ruiz de Villa, socio de Fieldfisher JAUSAS.