El juez Andreu archiva la causa penal contra la cúpula de Caja Madrid por las preferentes
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La decisión es recurrible ante el propio juez, en un recurso de reforma, y después ante el Tribunal Supremo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 expone en dos autos que ha terminado la instrucción de la pieza separada del ‘caso Bankia’ y que tampoco se ha podido comprobar que los directivos de estas entidades contra los que se dirigió la querella inicial emitieran estas participaciones a sabiendas de que se trataba de un producto tóxico con el fin de engañar a los clientes.
Andreu archiva el caso a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público, en un informe, argumentó que la entidad no buscó engañar a sabiendas a los inversores. «Tal posibilidad no era siquiera fácilmente predecible en 2009 sin que sea admisible un juicio retrospectivo de intenciones a la luz de los acontecimientos ocurridos años después», alegó la acusación pública en el escrito.
El juez, que recuerda que no se ha practicado ninguna diligencia relativa a esta pieza en el último año, acotó la investigación a la venta de preferentes en Caja Madrid desde 2009 por valor de 3.000 millones de euros ya que no es posible reproche penal contra las emisiones hechas los años previos ni tampoco contra la emitidas por Bancaja durante los años 1999 y 2000 (por importe de 300 millones de euros) por prescripción del presunto delito.
Con todo, reconoce que se han podido producir “graves deficiencias” en la venta de este producto financiero y que incluso han podido primar los propios intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes; por ello remite a los preferentistas a la vía civil para satisfacer sus intereses.
Un archivo esperado
Para Jordi Ruiz de Villa, socio de JAUSAS y experto en derecho bancario, en su momento también personado en este asunto, el fallo del juez Andreu archivando este asunto era esperable. Reconoce que se separó del asunto cuando logro que todos sus clientes cobraran ·” Hay que recordar que desde el inicio de la investigación desde la propia Sala Penal no querían hacer leña sobre este tema pese a que había un contenido delictivo importante”. Este archivo supone el final de cinco años de investigación.
Por ello el auto descarta que actuaran como cooperadores necesarios laComisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, a quienes no incluyó en su investigación pese a que la querella presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) que en junio del 2013 inició este asunto se dirigía contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, y Julio Segura, expresidente de la CNMV, por la comisión de un presunto delito de encubrimiento.
En su opinión “cuando se empieza a comercializar las preferentes, Caja Madrid tiene un rating A, inversiones apropiadas para inversores conservadores y durante el periodo de comercialización y antes de que se realice la suscripción se degrada el rating a B, como producto para inversores especulativos”. En el folleto se indicaba que si se producía algo parecido, el cliente tenía dos vías para revocar la orden.
Nuestro interlocutor recuerda como Caja Madrid publicó un hecho relevante en la CNMV señalando de forma críptica ese derecho a revocación desde su filial Caja Madrid Financied Preferred S:A filial de la entidad. “Esto no se puede hacer, si el producto se convierte en especulativo por la mala situación financiera de la Caja, el banco tenía la obligación de comunicar mejor al ciente para que con conocimiento de causa.
También recuerda que la emisión d preferentes se hizo a una velocidad de vértigo, “se aprueba en dos semanas un expediente de 3000 millones de euros, ya sabían en ese momento que las cosas estaban mal. Las cuentas están mal ya hace algún tiempo. Y es Moodys quien lo advierte de golpe. El problema es que no se advirtió del riesgo a las personas que compraron participaciones preferentes pese a que los compradores eran clientes habituales y directos”.
Ruiz de Villa recuerda que las preferentes se venden en las oficinas “a clientes a los que se convence para que dejen sus depósitos fijos para comprar este producto. A sabiendas de que son clientes conservadores y que les colocaban un producto especulativo.
Hay delito claro
Para este experto hay un delito claro que Andreu no ve tras cinco años de investigación “hay que darse cuenta que en un momento se mezcla el tema de las preferentes con la salida a Bolsa de Bankia. Casi coinciden en tiempo, por semanas. Se acumularon en una misma pieza hasta que el Supremo se pronuncio. En ese momento muchos afectados cobraron por la via civil y el tema se fue apagando a nivel mediático”.
También recuerda como la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional prefirió no ir contra los miles de directivos y empleados que personalmente vendieron, circunscribiendo el tema la cupula de la caja, como ideóloga para un plan para vender. “Se puso todo el peso de la instrucción en el tema de Rodrigo Rato y la salida a Bolsa y en este asunto, cada vez que pedíamos alguna prueba nos lo negaban y siempre tuvimos al fiscal en contra”.
Sobre este asunto recuerda que es importante “ no desde el punto de vista patrimonial porque un 98% de los afectados ha cobrado. Pero es negativa para el país porque nadie responde ante este tipo de situaciones. No podemos permitirnos los escándalos que estamos viviendo .Bankia, la compra del Popular o la financiación de Abengoa son escándalos. ¿Quién va a invertir en España si nunca pasa nada. Es inconcebible”.
Andreu habla de ir a la vía civil en su auto para solucionar el problema porque no ve el reproche penal de la cárcel ante lo investigado”. Para este experto en derecho bancario “esta entidad financiera en una situación económica mala, dentro de la peor situación financiera de la historia, cuando todos los mercados mayoristas no le dan dinero y coloquen un producto a los particulares donde pierden cerca del 70% de la inversión, no se entiende como no hay responsabilidades penales”.
A su juicio, dentro del proceso de comercialización hay un hecho relevante “no solo engañan al principio de la situación financiera y lo tramitan a toda velocidad, sino que cuando Moodys rebaja el rating y dice que el producto es solo para especuladores tampoco dicen nada y engañan a sus clientes, para que no revoquen las órdenes. Esta es una acción por omisión grave para sufrir un reproche penal.
Los bancos españoles, con una emisión de BBVA de diciembre de 1000 millones de euros del 2008 que se comercializó en enero del 2009 lograron 33.000 millones de euros del mercado de las preferentes ante la situación de los mercados de capitales cerrados a ayudar a la banca española por riesgo de contagio con las hipotecas subprime y la burbuja inmobiliaria “Caja Madrid realiza una emisión de 1500 millones una semana antes que la agencia de valores Moodys degrade el rating de A casi bono basura para ser una inversión especulativa.
Nuestro interlocutor revela otro dato importante “se empezaron a vender las emisiones antes de estar aprobado el folleto. Al cabo de tres días la comercialización ya se habían vendido 1800 millones de euros de 3000, algo nunca visto. No se puede contactar tanta gente en tan poco espacio de tiempo porque no hay horas. Estaba prevendido”. Al mismo tiempo Ruiz de Villa recuerda que este tema llevaba parado casi dos años sin diligencias efectuadas.