Enriquecimiento ilícito y administración desleal del Santander con el Popular

Tal y como ha publicado el diario digital Vozpopuli el despacho de abogados JAUSAS encargó a un grupo de economistas la realización de una pericial respecto a la operación por la que el Popular fue comprado por un euro por el Santander. En este informe se determina que la entidad cántabra pudo incurrir en enriquecimiento ilícito. «Los ajustes realizados tras la venta a Santander de 12.217 millones de euros se adaptan como un guante al tamaño de la reserva indisponible lo que permite justificar, nuevamente, el precio pagado por el Banco Santander y las amortizaciones realizadas a accionistas y tenedores de deuda subordinada», concluye el informe de estos cinco economistas, según informa el citado medio.

Diario16 ya viene informando desde prácticamente el día de la intervención (7 de junio) de que el Banco Popular tenía solvencia suficiente como para no haber sido intervenido. Además, el informe de estos economistas cita aspectos que ya han sido publicados en estas páginas como, por ejemplo, que se utilice el capital del Popular para hacer frente a los bonos de fidelización, el precio de la operación con BlackStone, el excesivo volumen de provisiones que permitieron la operación de venta al fondo buitre.

Sin embargo, hay otros aspectos que demuestran que se pudo producir un enriquecimiento ilícito por parte del Santander como, por ejemplo, los créditos fiscales que ya han sido monetizados y por los que el Santander se ha embolsado 1.158 millones de euros. Por el concepto de ventas de activos no corrientes la entidad cántabra ya ha contabilizado en sus cuentas 6.980 millones de euros. En referencia a efectivos de otros bancos el Santander ya ha contabilizado 4.310 millones de euros. Finalmente, en base a negocios conjuntos y asociados, la entidad cántabra se ha embolsado 5.400 millones de euros. En total, desde la intervención, es decir, transcurridos menos de seis meses, el Santander ha obtenido casi 18.000 millones de euros del Popular (17.849.820.000).

Sin embargo, tal y como publicamos la semana pasada, estos datos nos llevan a la conclusión de que la situación real del Popular no era tan grave como los promotores de la operación quisieron hacer ver, por más que Emilio Saracho, al servicio de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, presentara en la última reunión del Consejo de Administración del Popular que el banco no tenía otra salida que declararse inviable, siguiendo las instrucciones que le enviaron al secretario del Consejo desde el despacho de abogados de referencia del Santander. No hay más que recordar que Barclays, en su oferta para ampliar capital por 4.000 millones de euros, reconocía que hacían su ofrecimiento porque el Popular era una entidad viable, solvente y con liquidez.

Sin embargo, esos casi 18.000 millones no es la única cantidad que se anotará el Santander. Según las conclusiones de estos expertos independientes de diferentes países, a final de año la cantidad constituirá más del doble, concretamente 25.697 millones de euros más, correspondiente a la operación con BlackStone, con la liberalización de provisiones del Popular y los créditos fiscales que quedan por monetizar.

Por tanto, el Santander podrá anotar en su contabilidad de final de año un total de 43.547 millones de euros.

A todo esto hay que añadir cómo el banco TotalBank ha sido vendido al chileno BCI por una cantidad inferior en la que pudo haberse cerrado la operación si Emilio Saracho no hubiera decidido que no era un precio adecuado, lo que puede ser, además, tratado como una presunta administración desleal por haber vendido un activo a un precio menor del acordado unos meses antes.

Estos datos demuestran claramente que el Popular no era un banco zombi como afirmó el ministro Luis de Guindos, sino que disponía de recursos suficientes como para poder salir de la situación en la que se encontraba gracias a los movimientos de Emilio Saracho y de todos los cómplices que le ayudaron a perder un 62% de su cotización y más de 15.000 millones de euros en depósitos. ¿Esto no lo vieron la JUR, el FROB, el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía? Más bien, prefirieron no verlo porque el fin no era otro que salvar al Santander aunque para ello hubiese que arruinar a más de 305.000 familias.