La via de Bankia

El següent article està escrit en castellà: Antonio del Valle, accionista mexicano que detentaba el 4,3% del capital de Popular, ha perdido 550 millones de euros y ha anunciado demandas contra Ron y Saracho. Ha encargado a Ontier, bufete de Bernardo Gutiérrez de la Roza y de Adolfo Suárez Illana, la presentación de demandas contra el FROB y la Junta Única de Resolución del Banco Central Europeo, que liquidó el Popular y lo vendió por un euro al Banco de Santander. También ... El següent article està escrit en castellà: Antonio del Valle, accionista mexicano que detentaba el 4,3% del capital de Popular, ha perdido 550 millones de euros y ha anunciado demandas contra Ron y Saracho. Ha encargado a Ontier, bufete de Bernardo Gutiérrez de la Roza y de Adolfo Suárez Illana, la presentación de demandas contra el FROB y la Junta Única de Resolución del Banco Central Europeo, que liquidó el Popular y lo vendió por un euro al Banco de Santander. También demandará el multimillonario chileno Andronico Luksic, que tiene un 3,4% de la entidad y ha perdido su inversión, valorada en 113 millones de euros. La defensa la lleva el bufete Roca Junyent de Barcelona, que alega la “desproporción de la medida resolutoria del banco, nula de pleno derecho”. Hay otra demanda presentada por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), por “falsedad contable”. Un grupo de empresarios de Barcelona, accionistas del banco, preparan una demanda civil y cuatro bufetes de Nueva York, expertos en demandas colectivas (class actions) activarán acciones judiciales contra el Popular por haber “contravenido las normas de la SEC [la Bolsa de Nueva York]” en la última ampliación de capital de mayo de 2016. Bufetes como Navas&Cusi, Lean Abogados, Roca&Asociados, Jausas, Arriaga, Rosales, Legálitas, están recibiendo encargos de demandar a los gestores del banco y/o a las autoridades responsables de lo que llaman “incautación o expropiación de sus acciones a valor cero”. Estos bufetes trabajan a “tarifa de éxito” (cobran del 10% al 30% de lo que consigan) y recomiendan a accionistas que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016, que presenten demandas civiles, no penales. El bufete Ferrer Bosnoms&Sanjurjo recomienda la vía civil tras la experiencia con Bankia, que frenó cualquier negociación en vía civil ante las demandas penales. La entidad de Ignacio Goirigolzarri pagó a los accionistas y los preferentistas, a todos los que retiraron demandas y negociaron.