Los comercios podrán romper los contratos de alquiler sin penalización

Los comercios catalanes podrán romper los contratos de alquiler que mantienen con sus arrendatarios sin pagar ninguna penalización si, desde ayer, acumulan más de tres meses con medidas que les obligan al cierre para evitar la propagación del coronavirus. Así lo ha incluido el Govern en el decreto con el que pretende obligar a los propietarios de establecimientos comerciales a que rebajen hasta un 50% los precios de los alquileres ante la falta de ingresos.

La medida está pensada especialmente para bares, restaurantes y centros de ocio nocturno, cerrados de forma obligatoria por decisión de la Generalitat desde hace una semana. La nueva norma fue publicada ayer por el Diario Oficial de la Generalitat, con lo que ya está en vigor y fuentes del sector de la restauración indicaron que ya se han empezado a remitir requerimientos para renegociar contratos.

Antes de que se puedan aplicar de forma automática las rebajas en las rentas se ha de intentar un acuerdo en el plazo máximo de un mes. El articulado incluye también en las reducciones del alquiler todos aquellos gastos generales del local, sobre todo en el caso de los centros comerciales, como el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI), los servicios de limpieza y de seguridad o de mantenimiento en general, según explicó el abogado de Fieldfisher JAUSAS Jordi Ruiz.

Renegociación

Asimismo, aquellos operadores que hayan negociado con carácter previo a la aprobación de esta norma un descuento con sus arrendadores podrán igualmente renegociar para obtener un descuento superior si les beneficia el decreto autonómico. Los contratos que quedan afectados por el decreto del Govern son los que se hayan firmado a partir de 1995 y se establece que las actividades que podrán beneficiarse son la comercial, incluyendo actividades culturales, docentes, deportivas y recreativas y servicios, como la estética, los hoteles o la restauración.

El sentido del decreto, argumenta el departamento de Justicia, es “aplicar un criterio distributivo de las consecuencias negativas que se derivan de las prohibiciones, suspensiones y restricciones impuestas para evitar la propagación de la pandemia”.