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La sociedad, que en el momento de la operación era titular del 3,45 % de Popular, ha enviado una carta a la presidenta del grupo, Ana Botín, en la que expone que el banco “obtuvo un enriquecimiento injusto en la compra”, y lo acusa de incurrir en “abuso de derecho y competencia desleal”. Sostiene que la compraventa “no se ajusta a la legalidad vigente ni al derecho comunitario”, lo que ampara en análisis encargados de la información pública disponible y de la versión no confidencial del informe de Deloitte.
Si el requerimiento no es atendido, emprenderá demandas civiles por enriquecimiento injusto, en la línea de las que ya ha planteado el despacho JAUSAS en nombre de una inversora. Otros pleitos civiles se dirigen contra las excúpulas de Popular. La futura demanda discurriría en paralelo a las interpuestas contra el Frob en la Audiencia Nacional y la Junta Única de Resolución (JUR) ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Ampliación de denuncia Por otro lado, la Asociación de Afectados por la Venta de Popular ha ampliado al Santander la denuncia que presentó en julio de 2017 por la venta de Popular por un euro, acción inicialmente dirigida contra la cúpula directiva de esta entidad y contra PwC, informa Efe. La asociación, representada por el despacho Sanguino Abogados, pide que se investigue si Santander pudo tener información privilegiada, frente a otros potenciales compradores, al adquirir Popular.