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Según los contratos fi rmados, las empresas podrían exigir la devolución del dinero invertido en expositores, así como reclamar los perjuicios por la no celebración del congreso, explica el socio de Lean Abogados, José Miguel Blasco a Efe. De ir a juicio, la organización del congreso podría tener las de perder. El argumento de la fuerza mayor «es muy discutible», puesto que Sanidad insistió en que no había un riesgo de salud pública, explica la abogada Mercè Ribatallada, asociada del despacho de abogados Fieldfisher JAUSAS.