Según ha podido saber EXPANSIÓN de fuentes jurídicas, los acreedores de Abengoa que impugnaron el acuerdo de refinanciación suman pasivos contingentes, es decir, ciertos, de más de 130 millones.
Los cerca de medio centenar de entidades, fondos e inversores que han logrado sacar adelante sus pleitos de impugnación contra el acuerdo de refinanciación de Abengoa pueden exigir el pago de entre 130 millones y 216 millones al grupo, poniendo en un serio compromiso el plan de sal...
Según ha podido saber EXPANSIÓN de fuentes jurídicas, los acreedores de Abengoa que impugnaron el acuerdo de refinanciación suman pasivos contingentes, es decir, ciertos, de más de 130 millones.
Los cerca de medio centenar de entidades, fondos e inversores que han logrado sacar adelante sus pleitos de impugnación contra el acuerdo de refinanciación de Abengoa pueden exigir el pago de entre 130 millones y 216 millones al grupo, poniendo en un serio compromiso el plan de salvamento de la empresa. Según ha podido saber EXPANSIÓN de fuentes jurídicas, los acreedores de Abengoa que impugnaron el acuerdo de refinanciación suman pasivos contingentes, es decir, ciertos, de más de 130 millones. Además, hay otras cantidades, en forma de avales, por ejemplo, que son exigibles una vez que se produzca la ejecución. Estas otras cantidades se añadirían a los pasivos de 130 millones, hasta sumar 216 millones. Abengoa, por su parte, cifra el valor nominal de la deuda reclamada que ha sido excluida de la homologación en 72 millones. En algunos casos, entienden los impugnantes, los pasivos contingentes ya se están materializando porque alguna filial de Abengoa, como la de Bioenergía en Brasil, están entrando en concurso. Tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado martes, el Juzgado número 2 de lo Mercatil de Sevilla ha fallado a favor de los casi 50 inversores que el pasado año impugnaron el acuerdo de salvamento de Abengoa, por considerar que este plan, valorado en 10.000 millones de euros, perjudicaba sus intereses. El acuerdo contempla quitas en la deuda antigua de más del 90%, la inyección de nuevo dinero y la dilución de los accionistas existentes hasta el 5% del capital. Entre los demandantes figuran aseguradoras como Zurich, fondos y entidades como Iaslamic Corporation, Haitong, Import Export Bank of The USA, e inversores particulares como Gilabert y otros, Domínguez y Bertomeu, Juan Valls Ribes y las familias Melgarejo, o Fernández de Bobadilla. La sentencia del Juzgado número 2 de lo Mercantil de Sevilla, emitida por el mismo juez, Pedro Márquez, que llevó a cabo el preconcurso de la compañía, reconoce la "desproporción del sacrificio causado" a los demandantes, reconociéndoles el derecho a que se les restituya la inversión realizada, junto a los intereses.