La banca española tiene un nuevo enemigo en el complejo campo de batalla judicial. Therium, uno de los mayores fondos de litigios a nivel internacional, ha comenzado esta misma semana a preparar demandas contras las entidades por la venta de swaps (derivados de tipos de interés) a empresas de energías renovables.
El objetivo de Therium es financiar reclamaciones por valor de entre 70 y 100 millones, de la mano del bufete especializado Jausas.
Con este tipo de acuerdos, e...
La banca española tiene un nuevo enemigo en el complejo campo de batalla judicial. Therium, uno de los mayores fondos de litigios a nivel internacional, ha comenzado esta misma semana a preparar demandas contras las entidades por la venta de swaps (derivados de tipos de interés) a empresas de energías renovables.
El objetivo de Therium es financiar reclamaciones por valor de entre 70 y 100 millones, de la mano del bufete especializado Jausas.
Con este tipo de acuerdos, el fondo financia todos los costes legales –incluidas costas judiciales– de la demanda, a cambio de una comisión de éxito que suele rondar en torno al 30% de lo fijado por la sentencia, en caso de ser favorable. De lo contrario, la empresa demandante no tendría que pagar nada a Therium.
Este tipo de alianzas son favorables para empresas con problemas de liquidez que no pueden asumir el coste de un proceso judicial y de los posibles recursos. Muchas empresas de renovables están en esta situación, ante el bajón de las primas.
Según explica Jordi Ruiz De Villa, socio de Jausas, estas demandas se derivan de swaps que los bancos colocaron a sus clientes “como condición” para financiarles. “Los detalles de los derivados no se explicaban a los clientes y no se les facilitaba hasta la notaría”, explica. “También hubo distorsiones en los precios de los swaps”, añade.
Tribunal Supremo
De esta forma, muchas empresas –no sólo renovables– contrataban un swap para protegerse de subidas de los tipos. Con ello, el banco se cubría de posibles impagos por el encarecimiento de la cuota del crédito. Sin embargo, según varias demandas y sentencias –hay decenas de sentencias del Supremo–, las entidades no explicaban que en caso de caída del euribor sería el cliente el que tendría que pagar a la entidad.
“El desconocimiento de estos concretos riesgos [...] pone en evidencia que la representación mental que el cliente se hacía de lo que contrataba era equivocada”, señala una sentencia del Supremo contraria a Bankia de diciembre de 2015. “Fue al recibir las primeras liquidaciones negativas cuando el cliente pasó a ser consciente del riesgo real asociado al producto contratado”, añade.
Otra sentencia –contra Santander, de octubre de 2015– incide en que la empresa que contrató el swap no tenía “experiencia suficiente y contrastada en el mercado financiero”.
De esta forma, la caída de los tipos de interés producida en los últimos años ha causado pérdidas millonarias a las empresas, algo sobre lo que el Supremo se ha pronunciado en 25 ocasiones, la mayor parte a favor de los demandantes. De ellas, al menos dos son de energías renovables.
Aun así, las entidades consultadas señalan que las demandas recibidas a este respecto todavía son pocas y que hay sentencias en ambas direcciones. Añaden que muchos de los swaps se pactaron con los directores financieros de las empresas, que debían tener conocimientos suficientes para entenderlos.
En cualquier caso, el fondo Therium ve una oportunidad en este contexto. Esta apuesta es una de las primeras que un inversor de este tipo realiza en España, salvo casos puntuales. Therium fue fundado en 2009 y ya ha financiado demandas por valor de 5.000 millones de dólares (4.512 millones de euros).
Expediente de la CNMC
Los swaps que los bancos vendieron a empresas también está siendo objeto de análisis por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo abrió un expediente en abril contra BBVA, Sabadell, Santander y CaixaBank por posibles acuerdos anticompetitivos en la fijación de precios de los derivados vendidos a empresas de renovables. Desde las entidades alegan que se trataba de financiación sindicada, por lo que tenía que tener el mismo precio.