The article that follows is written in Spanish and it reviews the Bankia case and its consequences from JAUSAS partners' viewpoint: El caso Bankia vuelve a estar de actualidad. La pieza de las tarjetas black avanza a buen ritmo, gracias a que esta investigación fue impulsada desde el primer momento por el Frob y la Fiscalía Anticorrupción sobre la base de un informe forensic que dejaba poco margen de duda. Aunque la instrucción de las tarjetas opacas fue la última en abrir...
The article that follows is written in Spanish and it reviews the Bankia case and its consequences from JAUSAS partners' viewpoint: El caso Bankia vuelve a estar de actualidad. La pieza de las tarjetas black avanza a buen ritmo, gracias a que esta investigación fue impulsada desde el primer momento por el Frob y la Fiscalía Anticorrupción sobre la base de un informe forensic que dejaba poco margen de duda. Aunque la instrucción de las tarjetas opacas fue la última en abrirse, todos los que estamos en la arena judicial del caso Bankia sabíamos que estaba llamada a coger velocidad.
En comparación con las piezas abiertas por la colocación de las preferentes de Caja Madrid y la OPV de Bankia, el escándalo de las tarjetas opacas es menor en cuanto al perjuicio económico ocasionado. Sin embargo, los hechos destapados durante la investigación permiten hacernos una buena idea sobre la forma de gestión y el nivel ético de la alta dirección de una de las principales entidades del país. Las otras dos piezas avanzan a paso lento y aún es pronto para anticipar su desenlace. Esta ralentización entra dentro de lo esperable, ya que a nadie se le escapa que su tramitación es mucho más compleja, exige muchas más diligencias y en ella confluyen multitud de intereses creados.
Sin embargo, ya existen motivos para estar satisfechos. Al margen de cuál sea el resultado final del trabajo llevado a cabo en la Audiencia Nacional, el procedimiento penal del caso Bankia está produciendo efectos reales a diario, sobre todo en los tribunales civiles. La documentación interna que ha entregado la entidad y los informes periciales emitidos por los inspectores del Banco de España han resultado demoledores. Estos documentos refuerzan la percepción ciudadana de que la directiva del banco concibió un plan para recapitalizar la entidad a costa del capital privado, que incluía la comercialización de productos financieros de alto riesgo y una contabilidad con importantes ingredientes de discrecionalidad. Con independencia de cuál sea la calificación penal que deba darse a estas conductas, los jueces civiles están contribuyendo a paliar los perjuicios creados a los inversores, tanto minoristas como profesionales.
Ahora el reto que nos queda es asumir con normalidad que, como ocurre en el resto de los países de nuestro entorno, en una situación en la que una entidad se ha aprovechado del mercado, todos los perjudicados deben ser indemnizados. Además de las sentencias que compensan a los inversores minoristas, empezamos a tener precedentes en los que los intereses y derechos de grandes empresas e inversores también quedan salvaguardados.
La imagen de nuestro sector financiero está muy dañada como consecuencia de una época en que ni las entidades ni los supervisores han estado a la altura. El hecho de que los tribunales actúen y apliquen la ley a todos los niveles –ya lo han hecho en el caso de NovacaixaGalicia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo aunque con distintos resultados– ayudará a recuperar la confianza de los inversores nacionales y extranjeros.
El caso Bankia es una buena oportunidad no sólo para demostrar que nadie puede actuar al margen de la ley, sino también para mandar una señal de que en España las instituciones funcionan y se protege la inversión.
Abogados de Jausas
