The article that follows is written in Spanish: Después de las preferentes, la salida a Bolsa de Bankia y otros escándalos financieros, llega ahora el caso Popular, que amenaza con colapsar de nuevo los tribunales. Tras el parón estival de la justicia, los bufetes españoles más importantes se frotan las manos ante el negocio que suponen para ellos los honorarios por las miles de demandas por parte de los afectados por la resolución del banco el pasado 7 de junio.
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The article that follows is written in Spanish: Después de las preferentes, la salida a Bolsa de Bankia y otros escándalos financieros, llega ahora el caso Popular, que amenaza con colapsar de nuevo los tribunales. Tras el parón estival de la justicia, los bufetes españoles más importantes se frotan las manos ante el negocio que suponen para ellos los honorarios por las miles de demandas por parte de los afectados por la resolución del banco el pasado 7 de junio.
Solo en costas, Bankia calculaba que tendría que pagar 350 millones a abogados por la salida a Bolsa y llegó a denunciar a Arriaga & Asociados ante la CNMC por inflar las costas. Ahora, el caso Popular va a provocar de nuevo un alud de demandas de accionistas contra el banco y sus ex directivos y millones de euros de beneficio para estos despachos.
Los bufetes se cuentan por cientos, pero los más conocidos son los contratados por los grandes patrimonios que contaban con acciones del banco. Así, un importante grupo de antiguos socios de la Sindicatura de Accionistas han optado por Cremades & Calvo-Sotelo para ejercer sus acciones legales. Este grupo de accionistas formaba parte del núcleo duro del banco y contaba en su conjunto con un 9,6% de las acciones de la entidad en el momento en que fue resuelta.
Contactado por este semanario, dese el conocido bufete se informa que la estrategia pasa por reclamar a la Junta Única de Resolución (JUR) la nulidad de la decisión y por tanto la reintegración de la propiedad a sus antiguos dueños. La tesis defendida por Javier Cremades, responsable del bufete, es que los accionistas de Popular sufrieron una expropiación ilegal y que por tanto han de ser resarcidos completamente por ello.
Por si la opción europea no prosperase, los miembros de la Sindicatura también han contratado los servicios de otro despacho de abogados para pleitear contra el FROB en España. En concreto, el antiguo núcleo duro del banco, próximo a las familias del Opus Dei, ha firmado un contrato con el bufete Iuris Family Office, liderado por el abogado Jesús Trillo-Figueroa, hermano del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, también adscrito a la Obra, como es vox populi. Todo queda pues, en familia.
Pero no son los únicos bufetes en los que confía la Sindicatura. Dentro de este grupo se encuentra el ex secretario del consejo, Francisco Aparicio Valls, considerado el hombre fuerte, que ha contratado los servicios del despacho madrileño Ramón C. Pelayos, especializado en litigación y negociación. En total, el bufete reúne adhesiones por alrededor del 6% del capital. Traducido a euros, este bufete tiene entre manos recuperar unos 810 millones de euros, según el valor del Popular el día anterior a su resolución.
Y es que algunos de los afectados son grandes patrimonios y ahí está la guinda del pastel. Es el caso de la familia chilena Luksic, que invirtió cerca de 100 millones en el banco español prácticamente un mes antes de que Popular fuera vendido a Santander por un euro, tomando el 3% del capital. Esta familia ha contratado al despacho Roca Junyent para pleitear por las pérdidas sufridas El bufete, desde enero dirigido por Joan Roca, hijo del ex político Miquel Roca, fue el que defendió a la Infanta Cristina en el caso Noos.
También conocido es Félix Revuelta, presidente del Grupo Kiluva y propietario de la Unión Deportiva Logroñés, que poseía 5.400.000 acciones y que ha perdido unos 45 millones de euros.
Este empresario es el promotor de la plataforma Ampopular.com, que ya cuenta con 13.000 afectados. Consultado por este semanario, Revuelta ha dicho que asumirá los costes fijos de los abogados, para evitar a los accionistas minoritarios, “ya demasiado castigados con lo que ha pasado”.
Menos conocido que Revuelta es su abogado, Rafael Moreno, que sin embargo, sí representa a clientes con millones de acciones, “algunos de ellos son muy conocidos, aunque no puedo desvelar su identidad”, sugiere. En total, los miembros de esta plataforma contaban con más de 300 millones de acciones, “aunque lo que se va a reclamar por ahora no llega al 5%, que se traducen en unos 100 millones de euros”, asegura este letrado. “Tenemos 1.500 expedientes ya abiertos. Las acciones judiciales las iniciamos la semana que empieza el 11 de septiembre. Son acciones civiles, en las que se pide la nulidad del contrato de compra-venta de acciones y se reclaman las cantidades invertidas, mientras que en otros casos se pide la compensación por daños y perjuicios”.
Moreno y su equipo legal van a interponer dos tipos de demandas, unas contra el Banco Popular como institución y otras contra los auditores. “Más adelante ya iremos contra los consejos de administración, pero ahora nos interesa más para nuestros clientes que les resuelvan el contrato y que se anulen también algunos créditos que se concedieron para comprar acciones”, añade.
Tres vías posibles
Los bufetes tienen tres vías distintas para acudir a la justicia y cada uno elige la que estima más oportuna. En primer lugar, está la vía contencioso-administrativa contra las autoridades que decretaron el fin del banco. Es la que siguen Cremades, por ejemplo o el bufete de Jesús Trillo. Sin embargo, otros bufetes como Jausas, también consultados por este semanario, dudan de la efectividad de esta estrategia.
“La vía administrativa tiene sentido en la medida en que es un mecanismo para obtener el informe provisional de Deloitte en el que se basó la JUR, pero más allá de esto, todos somos conscientes de que es una vía muy difícil. No hay ningún precedente en que se haya dado la razón a los clientes frente a la banca por la vía administrativa, mientras que de preferentes por lo civil hay decenas de miles”, explica Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación bancaria.
Este bufete está especializado en grandes patrimonios. En el caso del Popular, representa a unos 315 clientes que reclaman en total 105 millones de euros, según las cifras aportadas por el bufete. “Ya hemos puesto la reclamación administrativa ante la JUR y lo siguiente que vamos a hacer es reclamar por la vía civil, que en teoría es más corta que las otras y en caso favorable, económicamente más rentable”, señala Ruiz de Villa.
Este y otros abogados dudan también de las demandas colectivas, porque en la práctica, según explican, los tribunales son muy reacios a este tipo de procedimientos. De esta forma, arremeten contra asociaciones y bufetes propensos a presentar demandas masivas, como Arriaga Asociados o el propio Adicae, más preocupados, señalan, en hacer caja que realmente en resarcir a los afectados mediante la estrategia adecuada. Mientras, la vía penal es más lenta, pero a la larga, si hay condena también puede implicar responsabilidad civil del banco.
Contra el Santander
La mayoría de las acciones legales van contra el Popular y sus antiguos administradores. Pero también hay bufetes que van contra el Santander. Es el caso de Jausas. En este despacho van a seguir una estrategia novedosa que hasta ahora no ha presentado nadie. “Nosotros creemos que existe una acción contra el Santander sobre todo para aquellos que compraron antes de 2016”, explica el socio Jordi Ruiz.
El abogado basa su estrategia del bufete en la jurisprudencia, en concreto, en la vía civil de reclamación por enriquecimento infusto. Se trata de una decisión del Supremo en la que un empresario que tenía un terreno, tras ser embargado, el terreno es subastado sin tener en cuenta en la valoración que tiene una edificación. “El comprador se lo queda, el embargado reclama ante el Supremo y éste le da la razón de que el adjudicatario le debe indemnizar por el edificio que no había sido tenido en cuenta en el momento de la subasta”. Esto, trasladado al Popular, se traduce así, según lo explica el letrado. “El accionista se queda sin dinero tras la subasta, en la que los títulos se valoran a cero o como máximo el valor de los activos en un procedimiento concursal. En cambio lo que ha comprado el banco es una empresa en funcionamiento y que, por tanto, tiene un valor”, argumenta Ruiz y añade, “por tanto, como en el caso del empresario y el terreno subastado, el enriquecimiento es equivalente al empobrecimiento del embargado”.
A este respecto, según explican las fuentes jurídicas consultadas, Santander ha adquirido el Popular pero también ha adquirido un compromiso de mantenerlo solvente. “Había 330.000 accionistas y ahora hay un solo accionista. Se supone, aunque menos en teoría, que el Santander ha actuado así porque se ha comprometido a salvar el Popular. En una fusión por absorción, el que absorbe hereda todas las obligaciones del absorbido”, señala Moreno.
